El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén (COEJ) ha manifestado su más enérgica condena y repulsa ante los recientes episodios de violencia sufridos por profesionales sanitarias en las localidades jiennenses de Torredelcampo y Arjona. En concreto, los hechos afectan a varias enfermeras y a una médica que han sido agredidas durante el ejercicio de sus funciones en los últimos días.
Según trasladan desde la institución colegial, estos incidentes han incluido tanto agresiones físicas como verbales, lo que supone no solo un ataque directo contra la integridad de las profesionales, sino también un grave perjuicio para el correcto funcionamiento del sistema sanitario público en la provincia.
El presidente del COEJ, Antonio Álamo, ha recordado que el personal de enfermería tiene la consideración de autoridad pública en el ejercicio de su labor. En este sentido, advierte de que cualquier agresión física o intimidación grave puede constituir un delito de atentado, con las correspondientes consecuencias penales para los responsables.
Desde el Colegio subrayan que no permitirán que estos hechos queden impunes y han solicitado a la Justicia la aplicación de penas ejemplarizantes que actúen como medida disuasoria. Asimismo, han instado a la Administración sanitaria a reforzar de manera inmediata las medidas de seguridad en centros de salud y puntos de urgencias de la provincia.
Antonio Álamo ha querido trasladar también un mensaje de apoyo a las profesionales afectadas, asegurando que el Colegio pone a su disposición respaldo jurídico y psicológico para garantizar su protección y recuperación. “No podemos normalizar el insulto ni el golpe. Cada vez que una enfermera es agredida, se quiebra la confianza necesaria para cuidar de la salud de todos. Es hora de decir basta”, ha afirmado.
Por último, el COEJ ha realizado un llamamiento urgente a todas las enfermeras y enfermeros de la provincia para que denuncien cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal. Desde la entidad insisten en que la denuncia es la única vía eficaz para activar los mecanismos legales y los protocolos de protección, evitando así que estos episodios queden silenciados.
