El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha confiado en que el Consejo de Universidades «aporte soluciones» para el Grado de Ingeniería Biomédica ante el segundo informe desfavorable emitido por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) con argumentos «claramente erróneos» y que impide su implantación este curso de forma conjunta por parte de la UJA y la Universidad de Granada.
En rueda de prensa, ha explicado que el citado consejo, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, «tiene la última palabra» y, aunque ha reconocido no ser optimista, espera que no se ponga «de perfil» y se pronuncie «en base a argumentos de política universitaria, académicos».
Con ello, a su juicio, debería avalar la memoria del citado título, algo que debería conocerse en las próximas semanas, pese a lo cual a reiterado la dificultad para impartirlo en el curso que está punto de empezar.
En caso de ser desfavorable, tendrían la vía judicial de lo contencioso-administrativo, si bien hay otra «más pragmática y es que la Junta de Andalucía ha articulado ya un procedimiento para una nueva verificación de este título».
De este modo, se presentará «una nueva solicitud de verificación del Grado de Ingeniería Biomédica» que debería estar resuelta «antes de diciembre de 2025». Y ello, siempre que no hubiera dictamen favorable del Consejo de Universidades, en cuyo caso ya no sería necesaria esa nueva evaluación y desistirían de ella.
«Ante la injusticia, caben dos opciones. Una, resignarte. Dos, luchar. Esta universidad va a luchar hasta la última pelota, hasta el último minuto del partido. Y, si cabe la posibilidad de que este tema se pueda resolver satisfactoriamente a través del Consejo de Universidades, lo vamos a trabajar hasta el último minuto», ha subrayado.
Algo sobre lo que el rector no pierde la esperanza, pese a que el segundo informe de la Accua, emitido el 31 de julio tras la reclamación que interpusieron la UGR y la UJA, supone «un atropello» y «profundiza aún más en un auténtico despropósito».
Ruiz ha insistido en «las formas» y, especialmente, en los plazos, con «una tardanza injustificada e injustificable» que «vulnera cualquier principio de buena fe procedimental y de una planificación mínima».
El primer informe desfavorable llegó el 25 de junio, con el periodo de prescripción finalizado y a pocos días de a abrirse el de matriculación, «sin dejar margen de maniobra para reconducir la situación».
Lo mismo ha considerado del segundo informe desfavorable, que conocieron «el 31 de julio por la tarde, a través de los medios de comunicación por una nota de prensa» y «de un whatsapp previo remitido por el secretario General de Universidades, agotando el plazo autoimpuesto» por la Junta.
FONDO
Sobre las cuestiones de fondo, ha dicho que «parece claro que la comisión de reclamaciones de Accua no ha entendido la estructura del título y su mención dual, posiblemente por el escaso tiempo para analizar en profundidad la memoria del plan de estudios y la reclamación».
El rector ha indicado que le cuesta concebir que «catedráticos de prestigio, en el ejercicio de sus funciones como evaluadores, hayan podido desestimar los contundentes argumentos académicos y normativos» de ambas universidades.
«Genera una perplejidad intelectual que invita a la reflexión sobre la existencia de factores ajenos a los estrictos criterios de calidad, viabilidad e impacto social que, por definición, deberían regir este tipo de procesos», ha declarado, no sin expresar su comprensión por «el malestar y la turbación» de la sociedad jiennense porque quiebra la igualdad de oportunidades».
En este punto, ha señalado que obliga «a desembolsar casi 40.000 euros» para poder cursar en Andalucía estos estudios estratégicos –aprobados este año para en una universidad privada, la Loyola de Andalucía–, con «una gran demanda social» e una inserción laboral.
A ello ha sumado «que daña la imagen y reputación» de universidades de «prestigio internacional» y «pone en cuestión» a los «excelentes profesionales» de dos instituciones que, desde 2010, han puesto en marcha más de 200 titulaciones de grado, máster y doctorado y «en todos los casos» con informes de verificación positivos.
INCONSISTENCIAS
Con respecto a los argumentos de Accua para rechazar la reclamación presentada ante el Consejo de Universidades, el no se sustenta en cuatro objeciones principales que plantean «inconsistencias y debilidades».
En primer lugar, sobre los convenios firmados para las prácticas en la mención dual, se dice que no incluyen a la Universidad de Jaén como parte firmante. Un «craso error» en tanto esa formación dual se impartiría íntegramente en la de Granada, durante el cuarto curso, por lo que «no es exigible» la presencia de la UJA. Además, ha resaltado «tanto en el informe provisional como en el informe final del proceso de verificación, no se hizo referencia alguna» a esta exigencia.
La segunda objeción es la obligatoriedad de las prácticas externas curriculares. Sin embargo, «carece de fundamento según la normativa vigente e induce a cuestionar la validez de la decisión adoptada».
«No existe ninguna orden, decreto, real decreto, ley que establezca que las prácticas curriculares en el Grado en Ingeniería Biomédica, o en cualquier otro, han de ser necesariamente obligatorias, salvo, obviamente, en la mención dual. De hecho, actualmente se imparten en España, tanto en universidades públicas como privadas, numerosos títulos que incluyen las prácticas externas curriculares como asignatura optativa. Y, en todos los casos, los informes de verificación fueron favorables», ha precisado.
La tercera objeción se refiere a la oferta de plazas para la formación dual, al considerar que «no se incluye una estimación clara y detallada del número de plazas disponibles para la mención dual». El rector ha explicado que esta exigencia contraviene lo dispuesto en el ‘Protocolo de Evaluación para la Inclusión de la Mención Dual’, establecido por la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria y, «lo que es más grave», las «disposiciones de la propia Accua».
«La propuesta de oferta de plazas para la formación dual incluida en la memoria del título –se concretará cada curso, en función del número de estudiantes y de los recursos materiales y humanos disponibles, tanto en la universidad como en las entidades colaboradoras– no es una deficiencia o una carencia, sino que se ajusta perfectamente a la normativa vigente, siguiendo el procedimiento estándar utilizado por las universidades españolas», ha expuesto.
El cuarto reparo de Accua se centra en la no inclusión del perfil del personal profesional de las entidades participantes en la formación dual. Para Ruiz, «no tiene sustento alguno» y la reclamación recoge que el profesorado tutor de las entidades colaboradoras tendrá una titulación de nivel igual o superior a la titulación en la que vaya a impartir docencia (en este caso, nivel Meces 3) y una experiencia laboral mínima de cinco años.
Por último, el rector de la UJA ha pedido «colaboración y amparo» a las dos administraciones implicadas en este procedimiento. Con respecto a la Junta de Andalucía, ha afirmado que «al informar desfavorablemente» la implantación de una titulación de vanguardia en modalidad dual «parece enviar un mensaje contradictorio sobre su estrategia en este ámbito».
«Quizás su apuesta estratégica se limita a la retórica, dejando que sean otras comunidades autónomas las que, con decisiones más audaces, lideren un modelo educativo verdaderamente conectado con las necesidades del mercado laboral», ha apostillado.
Sobre el Consejo de Universidades, ha recalcado que «tiene la última palabra» sobre la implantación del título. Responsabilidad que «no puede eludir y que no debería despachar con un simple trámite administrativo».
